Fallo misógino: multan a dos jueces por violar derechos de una niña que fue abusada sexualmente
El Consejo de la Magistratura tomó una decisión histórica al multar a dos jueces por su fallo misógino que desestimó la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña que había sido víctima de violación.
Los jueces Javier Anzoátegui y Luis Rizzi fueron penalizados con un descuento único del 50% de sus salarios debido a sus comentarios ofensivos y despectivos hacia la ILE y los médicos que realizaron el procedimiento.
En su polémico fallo del año 2020, Anzoátegui y Rizzi calificaron a la ILE como un "método de tortura de la mafia" y acusaron a los médicos de ser "sicarios" y "asesinos a sueldo". Además, denunciaron a los profesionales de la salud y defensores por cumplir con su deber según la ley vigente en ese momento, que permitía el acceso al aborto en casos de violación.
La decisión del Consejo de la Magistratura de multar a estos jueces refleja el repudio hacia su actitud misógina y la defensa de los derechos de las mujeres y niñas violadas. La defensora general Stella Maris Martínez y la Fundación MujeresxMujeres (MxM) de Tucumán, junto a la abogada Julieta Arosteguy, fueron quienes impulsaron el proceso en el Consejo para que Anzoátegui y Rizzi fueran sancionados.
El representante de los abogados, Héctor Recalde, expresó sin reservas que los jueces "deshonran la profesión judicial". En el mismo sentido se manifestó el consejero diputado Rodolfo Tailhade, quien mencionó el respaldo de los organismos y referentes en temas de género presentes durante la audiencia.
El descuento salarial impuesto a Anzoátegui y Rizzi no es solo una sanción económica, sino también un mensaje contundente en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. La abogada Soledad Deza, de MujeresxMujeres, consideró que esta sanción es un avance importante en la aplicación de mecanismos de control jurisdiccional.
Además del descuento de la multa, los jueces también deberán completar la capacitación obligatoria en género de la "Ley Micaela", que hasta ahora tenían pendiente. Esto demuestra la necesidad de formar a las jerarquías del Poder Judicial en temas de igualdad y respeto a los derechos de las mujeres.
La penalización impuesta a Anzoátegui y Rizzi es un paso fundamental en la lucha por la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres y el combate a la violencia de género. La ley vigente reconoce el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación, y a la Interrupción Legal del Embarazo en casos de abuso sexual o peligro para la salud o vida de la persona gestante a partir de la semana 15.