Se presentó un nuevo pedido de detención contra Aníbal Lotocki y de su pareja
El abogado Roberto Casorla Yalet, que sigue varias causas por mala praxis contra el médico Aníbal Lotocki realizó la presentación penal donde lo acusa de ser “jefe” y “organizadora” de una “empresa criminal” a María José Favarón, pareja de Lotocki.
La nueva presentación penal sostiene que la mujer de Lotocki “tomaría el rol de organizadora, ya que se encuentra colocada en un rol preponderante, respecto al resto de los nombrados”.
“Ella es la segunda de Lotocki, sin la cual, no hubiera podido llevar adelante la empresa criminal”, subrayó el abogado Roberto Casorla Yalet.
Yalet es el abogado del ciudadano brasilero Eduardo Enrique Silva Fiuza sobre quien no se especifica ningún otro dato sobre si es o fue víctima de algún accionar ilegal reprochado a Lotocki.
La denuncia
"Habida cuenta la pena en expectativa del delito denunciado, en la figura del jefe y de la organizadora, como así los procesos pendientes respecto de la persona de Lotocki, en particular la condena que pesa sobre este último, que impedirán aplicar cualquier instituto procesal alternativo a la prisión preventiva, solicito en el plazo que estime corresponder el Sr. Juez a cargo, se disponga de detención del aquí denunciado y de la Sra. María José Favarón", expresa la denuncia presentada.
"El desprecio por la vida, el fraude hacia las personas, y la falta de conciencia normativa, son los tres elementos comunes de esta asociación criminal", insistió.
Más acusados
Además de Lotocki y su mujer, el escrito señala también a un grupo de colaboradores, identificados como "Claudio Martínez, Oscar Herrera, Rubén Herrera, Fabricio Medina, Dina Molinas y Manuel Martos, como así también, quienes resulten responsables -a posteriori del curso de la investigación- por haber formado parte de una asociación criminal".
Todos están acusados por supuestas “maniobras defraudatorias consistente en colocar productos no autorizados en el cuerpo de personas, dentro del ámbito nacional e internacional”.
Ello ocurrió, según la denuncia, “inyectando químicos –biopolímeros industriales, cementos y/o siliconas liquidas- aprovechando y violando la confianza otorgada por su relación médico-paciente, informando y difundiendo –simuladamente- que se encontraban dentro de los permitidos por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales”.