Imputaron a un trabajador del Centro Cultural por acosar a una menor desde hace dos años y por tener un arsenal

Esta mañana se desarrolló una audiencia de imputación contra Omar Alberto Acosta, de 38 años, un trabajador del Centro Cultural y del hogar de tránsito de hombres de la calle Zatti, por los delitos de grooming, portación ilegal de armas y desobediencia a la autoridad. 

El hombre era recepcionista en la sede de Gallardo 550 y acosó por redes sociales a una menor desde 2021, lo que se califica como grooming. 

El fiscal José Chirino relató los hechos de los cuales se lo responsabiliza y explicó: "Se le atribuye a Omar Alberto Acosta haber sido quien en fecha 3 de agosto de 2023, a las 7:20 horas aproximadamente en el hogar de tránsito para hombres de la calle Zatti estorbó al personal policial que se encontraba efectuando el secuestro de su teléfono celular que había sido ordenado en el marco de la causa de grooming". 

Cuando los policías fueron a hacer la diligencia, Acosta repentinamente tomó su celular Samsung S20 y lo arrojó contra un escritorio provocándole daños en su pantalla, con la intención de que el aparato no pueda ser requisado. 

Asimismo, se le atribuye "haber llevado en su mochila un arma de fuego marca Taurus cargada con un cartucho en la recamara, sin la debida autorización". 

Seguidamente, después de las 15 hicieron un allanamiento en su departamento del módulo 5 del Inalauquen y allí le encontraron un arsenal de armas.

Se le encontró un "acopio de armas de fuego, piezas y municiones sin la debida autorización. Tenía 328 vainas servidas, 17 estuches cargadores, 781 cartucherías de diferentes calibres, seis armas de fuego cortas de tipo revólver, tres pistolas, cuatro armas tipo fusiles, seis carabinas, dos escopetas, dos cajones de mecanismos, dos tubos almacenadores y recamaras con cañones, cinco cañones, 3033 puntas de diferentes calibres, 4099 vainas, 34 cartuchos de munición múltiple, 50 cartuchos de calibre 22, 21 cartuchos de fogueo, un cartucho inerte de 12,7, seis frascos plásticos con pólvora, un frasco con pólvora con fusión, 34 cajas de fulminantes para balas, un martillo de inercia, un calibre digital, una balanza digital, una máquina de recarga de ocho bocas, un tambor de carga, 8 troqueles, un trimmer y un portafulminantes". 

Respecto al delito del grooming, una tallerista del Centro Cultural tomó conocimiento de que Acosta acosó vía redes sociales a una menor desde hace dos años y lo denunció ante la Justicia. 

Según el relato de Chirino, "Acosta mediante mensajes de WhatsApp le solicitó encontrarse, le manifestaba que no había ido a las clases, le decía 'Mi Pollita', que la quería ver, que tuvo que abrir el edificio y no estaba... en fin una serie de mensajes que tenía fines sexuales. En una oportunidad, también le solicitó mantener un encuentro afuera del Centro Municipal de Cultura. A partir de ello, iniciamos una investigación preliminar por grooming". 

A partir de la denuncia, dejó de trabajar en el Centro Cultural y tomó trabajo en el hogar de tránsito de hombres, donde se le pidió requisar el celular y allí arrancó el ataque de furia de Acosta, donde lanzó su dispositivo contra un escritorio.

El fiscal pidió cuatro meses de investigación para todos los delitos, la apertura de sus dispositivos electrónicos y una prisión preventiva por 45 días para que no entorpezca el procedimiento. 

El abogado defensor, Armando Salazar se opuso a los últimos dos pedidos. El mismo Acosta, quien todo el tiempo se tapó su rostro para que no se le tomen fotos, le dijo al juez que tenía videos íntimos con su pareja y no quería que vieran el contenido de su celular. El magistrado le aseguró que eso no es motivo de la investigación que desde la Oficina de Investigaciones en Telecomunicaciones –OITEL- sólo se limitarán a buscar rastros del delito de grooming, con lo cual luego accedió a esa medida. 

Por otro lado, el letrado solicitó que Acosta pueda gozar de prisión domiciliaria, mientras que el fiscal advirtió que la causa corre peligro si no está preso, puesto que puede acceder a sus redes sociales mediante cualquier dispositivo y eliminar chats y material condenatorio. 

El juez Adrián Dvorzak dio por formulados los cargos, dispuso que se periten todos sus aparatos electrónicos y ordenó una prisión preventiva por un mes.