POLÉMICO
El Salvador aprueba polémica medida de juicios masivos contra pandilleros
En una medida sin precedentes, el Congreso de El Salvador aprobó un decreto que permitirá realizar juicios masivos contra presuntos pandilleros detenidos. Con 67 votos a favor y 6 en contra, esta controvertida decisión busca agilizar el juzgamiento de más de 72.000 personas capturadas en el régimen de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele.
La nueva norma permitirá que grupos de hasta 900 reclusos enfrenten un mismo juicio, evitando así la presentación de pruebas individuales por parte de la Fiscalía. Esto, según las autoridades del Congreso, facilitará el proceso judicial penal al agrupar los casos de acusados que pertenezcan a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita.
La medida ha generado críticas de la oposición, que la considera una solución anómala para el colapso del sistema judicial causado por las numerosas capturas realizadas en el régimen de excepción. El diputado Jaime Guevara, del partido izquierdista Frente Farabundo Martí, expresó su preocupación al respecto.
Sin embargo, funcionarios del Gobierno defienden la necesidad de esta disposición para hacer frente a la crisis actual. Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, se trata de algo sin precedentes en la historia mundial y permitirá un juzgamiento más rápido de los pandilleros.
En virtud de esta nueva ley, los detenidos bajo el régimen de excepción podrán permanecer en prisión por un máximo de 24 meses antes de ser llevados a juicio o ser liberados por la Fiscalía. Además, se podrá utilizar el mismo conjunto de pruebas en un proceso judicial contra diversos grupos de pandilleros que operen en una misma célula o zona geográfica, o que hayan participado en un mismo hecho delictivo.
La aprobación de esta "disposición transitoria" fue posible gracias a los votos de los diputados aliados del presidente Nayib Bukele, que cuentan con mayoría en la Asamblea Legislativa. A pesar de la controversia que genera, para el Gobierno esta medida es una herramienta necesaria para combatir el crimen organizado y reducir la carga en el sistema judicial.