La UnTER con pintura de guerra hacia los profesionales de las Juntas Médicas

El accionar de algunas Juntas Médicas suma reclamos por definiciones arbitrarias que agregan padecimientos, en vez de acompañar y resolver las situaciones de salud que aquejan a los trabajadores, según denunció la Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER).

Puso como ejemplo que existen situaciones de docentes,  a quienes la Junta no les otorgan o justifican las licencias porque “tipifican” sus afecciones, sin contemplar la labor que desarrollan, ni respetan los diagnósticos de sus médicos de cabecera.

Desde hace tiempo, desde la óptica del gremio, se observa el avance en el recorte de derechos respecto de las licencias docentes y readecuación de tareas, sin fundamentaciones adecuadas en los dictámenes, a la vez que advirtió que desde el Departamento de Salud del gremio se denuncian sistemáticamente estas situaciones, que además deslegitiman prescripciones de médicos tratantes, alertando que como consecuencia de estas decisiones, no solo se pone en riesgo la salud de los docentes, sino también pueden sumar el perjuicio económico de reducción o quita del salario.

También se radican denuncias por el destrato que algunos miembros de las Juntas para con los docentes. Para el gremio “resulta inadmisible que sean médicos, convertidos en funcionarios olviden sus juramentos hipocráticos y hostiguen a personas que atraviesan enfermedades graves, provoquen más angustia en momentos de vulnerabilidad psicofísica”.

Paralelamente, cargó contra algunos funcionarios del Ministerio de Educación que, a criterio de la UnTER, “se permiten interpretar las resoluciones que regulan la licencia por violencia de género, y si bien en la teoría la normativa rionegrina es de avanzada en esta materia, en la práctica deja mucho que desear”. 

El gremio insistió en que “existen personas en diferentes estamentos administrativos que desconocen la legislación y sus responsabilidades como funcionarios públicos que obstaculizan el acceso a esta licencia, descreen de las palabras de las compañeras y disidencias, por cuestiones burocráticas las obligan a relatar una y otra vez sus padecimientos, por ende violan los principios de confidenciabilidad y respeto a la integridad” por lo tanto “urge la formación en la Ley Micaela, de manera obligatoria y presencial para todos, porque evidentemente lo auto-gestionado no permite comprender de que se habla cuando se habla de un trato humanitario con perspectiva de género”.

Desde el Departamento de Salud en la Escuela y la Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades gremial se exigió finalmente la apertura de instancias de debate y discusión con representantes de las Juntas Médicas provinciales para abordar varias temáticas que atraviesan muchos trabajadores de la educación.