El país autorizó la salida de los cinco tripulantes del avión venezolano-iraní que seguían detenidos
Ayer viernes el juez Federico Villena autorizó la salida del país de los cinco tripulantes -dos venezolanos y tres iraníes- que seguían retenidos desde el 6 de junio cuando el avión Emtrasur llegó a Argentina.
Esta decisión se tomó por "falta de pruebas firmes" para procesarlos por el delito de financiamiento de actividades terroristas.
No se encontró nexo suficiente para ordenar el procesamiento como tampoco para disponer el sobreseimiento de Víctor Manuel Pérez, Mario José Arraga Urdaneta, Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh y Gholamreza Ghasemi.
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Además, el juez dispuso la devolución de sus documentos de viaje y ordenó dejar sin efecto la medida cautelar que tiene la aeronave YV3531 de la empresa Emtrasur, según consignaron fuentes judiciales citadas por la agencia de noticias Télam. Aunque la aeronave seguirá incautada a pedido de la justicia de Estados Unidos.
“Cuando los elementos del juicio no autorizan el dictado del auto de procesamiento y, a la vez, tampoco tienen entidad para descartar la existencia del hecho, su carácter delictuoso o la responsabilidad del imputado (lo que haría procedente su sobreseimiento) el juez debe disponer la falta de mérito”, sostuvo el juez en el fallo.
En la acusación, se mencionaba que el avión venezolano-iraní pudo ser utilizado para realizar viajes entre Siria e Irán a través de una aerolínea ligada a la organización libanesa de Hezbollah, pero para el juez no hay elementos para procesar a los tripulantes.
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Por su parte, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) cargó contra la decisión de la Sala III del Tribunal, integrada por los jueces Carlos A. Vallefín y Roberto Lemos Arias, al advertir que “no hay un solo elemento que indique que el vuelo fue de instrucción”.
El magistrado indicó que reunió hasta el momento 118 medidas de prueba en el expediente, y recordó que todavía existen trámites que deben completarse como exhortos enviados a España, Aruba, República Dominicana y Paraguay, y un peritaje contable.