Los estatales que faltan tendrán que cumplir con la capacitación por la Ley Micaela

El uno de agosto próximo inicia una nueva aula para que agentes provinciales realicen el trayecto introductorio en Ley Micaela. En los últimos 10 meses más de 6.500 agentes aprobaron la capacitación.

Este trayecto tiene una metodología mixta con recorrido autogestionado y tutoreado, es obligatoria para todos y todas las agentes del Estado y necesario para la recategorización en la carrera administrativa.

Quienes estén anotados en el aula en curso tienen tiempo hasta el 15 de julio para responder a todos los cuestionarios y obtener su certificado. Luego de esa fecha, deberán volver a inscribirse. El enlace de inscripción es https://forms.gle/7t4JLmfqVUgkjaFA9 y la fecha límite para hacerlo es el 25 de julio, ya que la próxima aula comenzará el 1 de agosto.

Este trayecto introductorio propone las bases generales de aproximación a la temática, luego se podrán a disposición trayectos de profundización para avanzar progresivamente sobre problematizaciones más complejas y reflexivas sobre las propias prácticas.

Del mismo modo, se realizan capacitaciones focalizadas en función de tareas particulares que desempeñen las personas y que necesiten de conocimientos específicos a la normativa vigente y los abordajes que se propongan.

Integrar el enfoque de género en los organismos gubernamentales contribuye a la elaboración e implementación de políticas institucionales, orientadas a favorecer la igualdad de oportunidades. Además, posibilita no solo reflexionar sobre las cuestiones culturales en torno a la temática, sino también promover la prevención de situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres y disidencias.

La norma fue promulgada en enero de 2019, a dos años del femicidio de Micaela García, una joven que fue violada y asesinada  en Gualeguay por Sebastián Wagner, un hombre con antecedentes penales que se encontraba en libertad condicional, beneficio concedido por la Justicia de la provincia de Entre Ríos. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.