Robaron en la Casona de los Derechos Humanos y no descartan una conexión con la Megacausa Zona 5

Anoche desconocidos entraron por la fuerza a la Casona "Bachi Chironi" de los Derechos Humanos, en boulevard Ituizangó de Viedma, y se robaron una notebook.

Los delincuentes entraron por la parte de abajo, en el sector de la cocina, y actuaron de manera desordenada, tal es así que se olvidaron una impresora afuera del lugar.

En el sitio también se encontraron una mochila azul, un pantalón del mismo color, una llave francesa y huesos para perros, los cuales pueden ser elementos importantes para la investigación. 

Guadalupe Gaitán, trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó a NoticiasNet: "Esta mañana llegamos a trabajar y nos encontramos con que habían entrado a robar por la cocina. Destrozaron las puertas de dos oficinas, que son de la Comisión Atahualpa y de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado".

En este sentido, añadió: "Hay muchas cosas tiradas, todavía es muy difícil darse cuenta qué falta, los compañeros de la Comisión de Atahualpa todavía no han venido, así que no sabemos qué puede faltar ahí. Sí sabemos que de la oficina de la Asociación falta nuestra notebook y trataron de llevarse una impresora que quedó rota en el estacionamiento".

Asimismo, indicó: "Esto justo pasó hoy, cuando empiezan las audiencias testimoniales Megacausa Zona 5 en Bahía Blanca, donde se juzgan crímenes cometidos a varias víctimas de la Comarca y hoy justo declaran dos testigos de la Comarca. No podemos no relacionarlo con eso y con que la Asociación hace públicas esas declaraciones y las difunde en la Megacausa".

Tiempo atrás, este espacio de memoria ya había sido vandalizado.

Megacausa Zona 5

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca hoy comenzó a escuchar las primeras declaraciones testimoniales en el juicio por la Megacausa “Zona 5” en donde se juzga a 38 exmilitares y a expolicías federales y provinciales por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas durante la época del terrorismo de Estado. En el debate, intervienen el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y los auxiliares fiscales Paula Daniela Molini y  Pablo Vicente Fermento.

Los primeros casos que se analizarán son los de las víctimas del Batallón de Comunicaciones 181, por los hechos ocurridos en marzo de 1976, durante el primer tramo de la dictadura cívico militar, cuando se cometieron decenas de detenciones de personas del ámbito gremial. Está previsto que se tomen 300 declaraciones a lo largo de todo el debate.

La megacausa "Zona 5" aborda el entramado criminal que, encabezado desde la jefatura del V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca, operó durante la época del terrorismo de Estado en su jurisdicción, que abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires -partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones-, y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Según la hipótesis fiscal, dentro de la organización del Batallón de Comunicaciones 181, estaban los Grupos y Secciones Antiguerrilla de la Compañía de Combate My. Keller. En consonancia con la jefatura del Área militar 511 que ejercía el Batallón, aquellos elementos operativos insertos en la unidad realizaron los procedimientos de violación de domicilios y secuestro de numerosas víctimas en la ciudad de Bahía Blanca y en distintas localidades de la región como Villarino, Dorrego y Tres Arroyos.

Por otra parte, las dependencias de la unidad militar funcionaron como centro clandestino de detención y tortura de las personas que fueron secuestradas en aquellos operativos o trasladadas desde otros lugares de detención. En total, setenta de las víctimas, cuyos hechos conforman el objeto procesal de la causa, fueron mantenidas cautivas en las instalaciones de la unidad.

Uno de los centros clandestinos que operó en el Batallón de Comunicaciones 181 fue “El Gimnasio”, un espacio amplio ubicado en el primer piso de uno de los edificios de la sede, en el que permaneció cautiva la mayoría de las víctimas. Allí, los secuestrados eran mantenidos aislados e incomunicados del exterior, bajo la custodia de personal militar armado. Además, las víctimas fueron sometidas a interrogatorios en otra dependencia de la misma unidad militar, en el que se registraron prácticas de torturas, de acuerdo a lo investigado por el Ministerio Público Fiscal.