El fiscal Ortiz orienta el caso Mandagaray a reforzar los testimonios
Echar luz sobre lo que ocurrió el 15 de abril pasado en Bahía Creek va para largo. La Justicia de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma le otorgó al fiscal Guillermo Ortíz que puede profundizar las actuaciones hasta fines de setiembre.
En ese lapso, tendrá que averiguar el motivo por el cual falleció tragicamente el joven oficial ayudante de la Policía de Río Negro, Gabriel Mandagaray, durante un rudo ejercicio de instrucción del Cuerpo de Operaciones y Rescate (Coer).
Durante la jornada pasada, en el transcurso de la primera audiencia por el resonante caso, Ortiz requirió medidas cautelares de prohibición de acercamiento y contacto para los cuatro hombres a los que se está investigando en el marco de la causa penal que busca dilucidar las circunstancias en las que perdió la vida un joven agente.
El fiscal mencionó las circunstancias provisorias que está siendo objeto de investigación preliminar y dijo que, “aún en esta etapa incipiente hay una alta probabilidad de afirmar que los hechos se produjeron tal como preveemos”.
Por ello, y ante la intención de que se formulen cargos a corto plazo, el Ministerio Público “debe asegurar el éxito de la investigación”, insistió.
“He tomado declaraciones testimoniales a los 15 cursantes que junto a Mandagaray se encontraban en el lugar de los hechos, pero deberán ser reforzadas. Por ello, con esta medida cautelar resguardaremos tales testimonios”, explicó Ortiz antes de solicitar además de que fijen domicilio.
Planteó “la prohibición de acercamiento a no menos de 300 metros y de contacto por cualquier medio por parte de los imputados para con los oficiales cursantes (a quienes mencionó agregando la dirección) y otros testigos”.
El abogado querellante, Damián Torres adhirió y adelantó que junto con el Ministerio Público Fiscal trabaja en la profundización de la investigación para poder formular cargos y enfatizó en la importancia de la ampliación de los testimonios de los integrantes de la fuerza policial a la que pertenecen testigos, victima e imputados. Agregó finalmente que es necesario “resguardar el testimonios de agentes que además tiene menor rango en la fuerza que los imputados”.
A su turno se manifestaron los defensores de los cuatro hombre imputados que se desempeñan en el grupo Coer de la Policía de Río Negro.
El Juez Juan Brussino Kain dispuso luego de ello la imposición de las medidas cautelares requeridas por el término en el que se extienda la investigación penal preparatoria.
Los imputados son el jefe del grupo Coer, Alejandro Gattoni, y los instructores Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras y Maximiliano Vitali Mendez.
En el aire del caso, sobrevuela la figura del homicidio culposo. Es la muerte causada por una persona a otra de manera ilícita, esto es en violación de la ley penal, pero sin la intención de hacerlo. La muerte ocurre por el obrar imprudente o negligente del homicida, o en este caso, podría tener más participantes.