Se sindicalizó la violencia: varios capítulos donde los gremios mostraron su peor cara
El derecho a huelga que ampara la Constitución Nacional y generalmente tiene causas justas en su esencia, cuando no la tiñe ningún trasfondo político partidario, cada vez se está manifestando con acciones más violentas.
En la provincia de Río Negro, en este último período ya hubo al menos tres capítulos de violencia que han dejado al descubierto la peor cara de los sindicatos.
El primer hecho desde el vamos comenzó con un fin violento: el de coaccionar a la libertad de expresión. Un grupo de manifestantes de ODEL irrumpió a la fuerza en el edificio central del diario Río Negro, para impedir que se publicara el avance judicial de una causa por abuso sexual que involucra al líder de la organización, Miguel Báez.
Hubo agresiones físicas, amenazas y destrozos y después organizaron una choriceada con total impunidad.
Un segundo capítulo de sindicalistas violentos fue cuando un grupo de unas cincuenta personas tomaron el corralón municipal de Cinco Saltos, para impedir la salida de los camiones recolectores de basura. El reclamo fue por la reincorporación de trabajadores sumariados, pero se les fue la mano.
Primero agredieron a una empleada municipal que quería realizar su labor y tuvo que llamar a la Policía. Los dos efectivos que concurrieron al corralón también fueron agredidos por miembros de ATE. Luego, al menos 25 personas ingresaron al edificio y desalojaron de manera violenta a la jefe comunal Liliana Alvarado, a su gabinete y a varios funcionarios.
El tercer episodio repudiable se vivió ayer en una escuela de Viedma. El agravante fue que se metieron con niños. Integrantes de UPCN, comandados por Juan Carlos Scalesi, irrumpieron en pleno acto de entrega de tablets en la Escuela 30 de calle Mitre.
Gritos, bombos y la mayoría con los barbijos en los mentones, asustaron a los más pequeños que estaban en horario escolar. El descontento y el enojo de los padres no se hizo esperar y los acusaron de "patoteros". Incluso, cuestionaron al gobierno por hacer un acto presencial sin previo aviso.
El Ministerio de Educación tomó cartas en el asunto y fue a la Justicia por este escándalo. Además, se pidió el listado de docentes, estudiantes y personal de Servicio de Apoyo, del turno mañana, a fin de realizar un seguimiento exhaustivo con autoridades sanitarias de posibles riesgos epidemiológicos.
La escalada de violencia a la hora de reclamar en las calles no es una novedad, sino que tiene un largo historial. En agosto de 2014, miembros de ATE y de UNTER hirieron a siete policías que resguardaban distintos edificios públicos en Viedma. Parte del gremio de ATE utilizó la fuerza para irrumpir bruscamente en el interior del edificio, golpeando con los listones de madera de las pancartas y golpes de puño al personal policial.
En mayo de 2017 otra vez la violencia tiñó los reclamos en inmediaciones de la Legislatura provincial. Manifestantes de ATE quisieron romper un vallado para ingresar de prepo. Incluso llegaron al extremo de intentar rociar a los efectivos con combustible, en una clara amenaza contra su integridad física. Los restos de combustible quedaron visiblemente identificables en el asfalto.
Allí también se registraron siete policías con heridas de distinta consideración, entre cortes, golpes, contusiones, incluidos el director de Seguridad de la Policía, comisario mayor Antonio Mandagaray, quien sufrió un corte en uno de sus pómulos. En tanto, un oficial acabó en observación en el sanatorio local, donde se le realizan los estudios para constatar si tiene fisuras o fracturas en los huesos de la cara, producto también de un golpe.
A modo de reflexión, la necesidad de manifestarse no puede ser restringida bajo ningún punto, pero el derecho a reclamar tampoco puede ser a cualquier costo ni poniendo en riesgo la integridad física de terceros. Claramente, cuando hay represión policial bien se repudia por todos lados, pero cuando la violencia proviene de quienes protestan no puede ser justificada por el reclamo en sí mismo.