Preocupa en Viedma el fin del congelamiento de alquileres y desalojos
El referente de la Unión de Inquilinos de Río Negro -Región Atlántica- Kevin Hetherington, advirtió de la preocupación que embarga a quienes en Viedma afrontan los alquileres, tras vencerse los plazos que establecía el decreto de congelamiento de precios y suspensión de desalojos.
A partir de mañana, y luego de un año, los inquilinos tendrán que abonar la diferencia entre el ajuste que estaba previsto (según cada contrato) y lo que no se aplicó durante los últimos 12 meses.
El referente de la entidad, junto a las demás organizaciones de defensa de los inquilinos, plantearon la queja y reforzaron los argumentos para sostener la continuidad del decreto. Máxime teniendo en cuenta el advenimiento de la segunda ola de coronavirus, por la cual ya hay restricciones a la movilidad en la vecina ciudad de Carmen de Patagones.
"Nos pusimos en campaña para generar espacios e impulsar que el decreto siga existiendo, y seguimos esperando respuestas", agregó.
La normativa disponía, además del congelamiento de los precios, abonar la diferencia en cuotas mensuales, iguales y consecutivas: tres como mínimo o 12 como máximo. La primera de esas cuotas deberá pagarse ahora en abril. En el caso de que haya habido falta de pago, los plazos y cuotas para regularizar los pagos son los mismos: de 3 a 12 cuotas mensuales.
Hetherington cuestionó una vez mas la decisión y sostuvo que "este decreto le daba mucha seguridad a los inquilinos, por la implicancia de la pandemia en la actividad económica y en el trabajo de las personas, y ahora se abre un panorama de alertas".
Más dramas afrontarán aquellos que no han renovado los contratos, debido a que tendrán que resolver la modalidad de pago de lo adeudado y hacer frente a otro alquiler y una mudanza, con los precios actualizados.
El dirigente trasladó algo de tranquilidad en torno a los desalojos. Explicó que mas allá que el decreto que los prohibía dejará de existir, entrará en vigencia la nueva ley de alquileres que obliga a inquilinos y propietarios a participar de una instancia de mediación para alcanzar acuerdos.
Ademas establece que los propietarios no pueden iniciar un proceso de desalojo si no tienen todos los papeles al día.