Volvieron para atrás el pedido de captura de Galiano
Hoy se realizó una audiencia para tratar la situación de rebeldía del abogado Ignacio Galiano, quien no se presentó a una audiencia en la que se lo acusa de estafas.
Según se determinó esta mañana, Galiano se ausentó por hipoglucemia, lo cual está certificado por dos médicas de la ciudad de La Plata, por lo que se pidió el cese de la orden de captura.
El abogado defensor Cirilo Bustamante, recordó que esta patología también está acreditada por tratamientos cuando estuvo en la Unidad Penal 1 de Viedma.
Además, adjudicó que tiene arraigo laboral y familiar en la ciudad bonaerense por lo que no corre riesgo de fuga.
El fiscal Guillermo Ortiz, por su parte, expuso que Galiano volvió a recurrir a una estrategia dilatoria y que el acusado ya cuenta con la cuarta defensa desde el inicio del proceso.
Más allá de lo enunciado por el representante fiscal, el tribunal compuesto por Marcelo Álvarez, Roberto Gaviña y Gastón Pierroni volvió para atrás el estado de rebeldía y ahora proseguirá el procedimiento judicial en su curso normal.
Asimismo, se buscará una declaración completa de la víctima, habida cuenta de que sufrió un accidente cerebrovascular pero requieren su testimonio pormenorizado.
El hecho
El delito imputado por la Fiscalía fue cometido entre los meses de agosto de 2013 y julio de 2014 cuando el acusado, haciéndose pasar por un asesor de la Secretaría de Hacienda y aludiendo además “tener contacto e influencia con la política rionegrina”, engañó a un representante de diversas asociaciones mutuales.
El damnificado, hoy querellante en el proceso penal, delegó en el imputado la continuidad de trámites relativos a descuentos de haberes de empleados estatales.
En ese proceso intervino el hombre considerado partícipe necesario, quien recorrió la provincia gestionando estos supuestos beneficios con los municipios, lo que nunca dio sus frutos.
No obstante, le hicieron creer que existían avances en la gestión y para demostrarlo le enviaron diversas resoluciones, notas y decretos que tenían firma, membrete y sellos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía; así como de convenios entre la Secretaría de la Función Pública con diversas cooperativas y mutuales públicas y privadas.
Cada movimiento en el marco de este proceso implicaba, por parte de la víctima, una erogación de dinero en favor del Estudio Jurídico que en total superó los 130.000 pesos.