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Superando trastornos
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Superando trastornos

Es el caso de una mujer adulta que desde hace más de 13 años se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico, con diagnóstico de Trastorno Bipolar. Su expediente comenzó en el año 2003, cuando una autoridad administrativa pretendió que se declare su "inhabilitación" para el ejercicio de su profesión, invocando razones de "prevención".


Desde el inicio los informes del Cuerpo Médico Forense señalaron que la mujer "puede desarrollar su profesión normalmente en los períodos entre crisis", previendo que "necesita controles profesionales periódicos, medicación permanente y visitas sistemáticas de un operador de Salud Mental a los fines de detectar cualquier indicio de descompensación". Los últimos informes, además, destacaron la estabilidad prolongada de su cuadro.


Pese a esos informes favorables, la vieja legislación obligaba a avanzar en el proceso judicial de inhabilitación y/o declaración de incapacidad, al punto que la propia mujer llegó considerarse incapaz de ejercer por sí misma sus derechos y su profesión.


"Son años de convencimiento de que 'no ser normal' -visto desde estándares promedios determinados por ciertos sectores socio-culturales y económicos- descalifica a las personas, apartándolas en su integración social. (...) Este condicionamiento social al que estuvo expuesta la llevó a estar convencida, en estos últimos años, que ese era su lugar en la sociedad, con inferioridad de condiciones sobre la media social. (...) No obstante, este lugar en el que ella misma se ha situado, no puede ser avalado en esta instancia judicial pues eso sería confirmar su 'marginalidad' (...) sin sustento fáctico que lo amerite", concluyó la jueza Revsin al declarar en su sentencia la "no restricción en ningún sentido" de la capacidad jurídica de la mujer.


"Es responsabilidad de los jueces que las decisiones jurisdiccionales permitan hacer efectivo el goce de estos derechos, para que no quede en una mera expresión de deseos inserta en los textos legales", sostuvo en su fallo. "Dictar una sentencia que con el afán de 'protegerla' disponga la restricción de su capacidad, sería continuar pensando bajo el régimen intervencionista que imponía la legislación anterior", concluyó.

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Superando trastornos

Es el caso de una mujer adulta que desde hace más de 13 años se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico, con diagnóstico de Trastorno Bipolar. Su expediente comenzó en el año 2003, cuando una autoridad administrativa pretendió que se declare su "inhabilitación" para el ejercicio de su profesión, invocando razones de "prevención".


Desde el inicio los informes del Cuerpo Médico Forense señalaron que la mujer "puede desarrollar su profesión normalmente en los períodos entre crisis", previendo que "necesita controles profesionales periódicos, medicación permanente y visitas sistemáticas de un operador de Salud Mental a los fines de detectar cualquier indicio de descompensación". Los últimos informes, además, destacaron la estabilidad prolongada de su cuadro.


Pese a esos informes favorables, la vieja legislación obligaba a avanzar en el proceso judicial de inhabilitación y/o declaración de incapacidad, al punto que la propia mujer llegó considerarse incapaz de ejercer por sí misma sus derechos y su profesión.


"Son años de convencimiento de que 'no ser normal' -visto desde estándares promedios determinados por ciertos sectores socio-culturales y económicos- descalifica a las personas, apartándolas en su integración social. (...) Este condicionamiento social al que estuvo expuesta la llevó a estar convencida, en estos últimos años, que ese era su lugar en la sociedad, con inferioridad de condiciones sobre la media social. (...) No obstante, este lugar en el que ella misma se ha situado, no puede ser avalado en esta instancia judicial pues eso sería confirmar su 'marginalidad' (...) sin sustento fáctico que lo amerite", concluyó la jueza Revsin al declarar en su sentencia la "no restricción en ningún sentido" de la capacidad jurídica de la mujer.


"Es responsabilidad de los jueces que las decisiones jurisdiccionales permitan hacer efectivo el goce de estos derechos, para que no quede en una mera expresión de deseos inserta en los textos legales", sostuvo en su fallo. "Dictar una sentencia que con el afán de 'protegerla' disponga la restricción de su capacidad, sería continuar pensando bajo el régimen intervencionista que imponía la legislación anterior", concluyó.

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