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Abuso estatal subsanado
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Abuso estatal subsanado

J. es una joven de Roca que presenta un retraso mental leve. Bajo el criterio de la vieja legislación, había sido declarada "incapaz" por sentencia judicial y se le designó un curador que ejercía en su nombre prácticamente todos sus derechos.


Tras la reforma, la jueza Tormena pidió al Cuerpo Médico Forense una nueva evaluación sobre el estado de las facultades mentales de J. y encomendó al Departamento de Servicio Social del Poder Judicial un amplio informe social. Así se verificó que J. "puede realizar actividades de la vida diaria y tareas laborales sencillas con adecuada supervisión de un adulto responsable", que sabe leer y escribir, que "se maneja con autonomía e independencia", que realiza actividades recreativas y deportivas, que conoce el dinero y puede realizar pequeñas compras y que ayuda a su mamá en el cuidado de sus sobrinos. "Me gustaría votar", dijo J. en su entrevista con la jueza y los técnicos.


"Entiendo que en el caso de autos, y teniendo en consideración el nuevo paradigma (...), la situación actual de J. no amerita mantener ningún tipo de restricción en su capacidad. (...) Ha quedado absolutamente claro que J. posee autonomía y autosuficiencia para manejarse en su vida diaria", sabiendo que "cuando ella necesita ayuda, se la pide a sus padres".


"Mantener restringida su capacidad sería continuar pensando bajo el régimen paternalista, constituyendo un claro abuso estatal injustificado, cuyo resultado es la violación de los derechos inherentes a su persona", había dictaminado la Defensoría de Menores e Incapaces al intervenir en el proceso.


La decisión de reintegrar a J. el pleno ejercicio de sus derechos fue comunicada por la jueza al Registro Civil y Capacidad de las Personas, a la Secretaría Electoral y a los Registros del Automotor y de la Propiedad Inmueble, donde habían sido anotadas la "incapacidad" y la "inhibición general de bienes" declaradas en la sentencia anterior.

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Abuso estatal subsanado

J. es una joven de Roca que presenta un retraso mental leve. Bajo el criterio de la vieja legislación, había sido declarada "incapaz" por sentencia judicial y se le designó un curador que ejercía en su nombre prácticamente todos sus derechos.


Tras la reforma, la jueza Tormena pidió al Cuerpo Médico Forense una nueva evaluación sobre el estado de las facultades mentales de J. y encomendó al Departamento de Servicio Social del Poder Judicial un amplio informe social. Así se verificó que J. "puede realizar actividades de la vida diaria y tareas laborales sencillas con adecuada supervisión de un adulto responsable", que sabe leer y escribir, que "se maneja con autonomía e independencia", que realiza actividades recreativas y deportivas, que conoce el dinero y puede realizar pequeñas compras y que ayuda a su mamá en el cuidado de sus sobrinos. "Me gustaría votar", dijo J. en su entrevista con la jueza y los técnicos.


"Entiendo que en el caso de autos, y teniendo en consideración el nuevo paradigma (...), la situación actual de J. no amerita mantener ningún tipo de restricción en su capacidad. (...) Ha quedado absolutamente claro que J. posee autonomía y autosuficiencia para manejarse en su vida diaria", sabiendo que "cuando ella necesita ayuda, se la pide a sus padres".


"Mantener restringida su capacidad sería continuar pensando bajo el régimen paternalista, constituyendo un claro abuso estatal injustificado, cuyo resultado es la violación de los derechos inherentes a su persona", había dictaminado la Defensoría de Menores e Incapaces al intervenir en el proceso.


La decisión de reintegrar a J. el pleno ejercicio de sus derechos fue comunicada por la jueza al Registro Civil y Capacidad de las Personas, a la Secretaría Electoral y a los Registros del Automotor y de la Propiedad Inmueble, donde habían sido anotadas la "incapacidad" y la "inhibición general de bienes" declaradas en la sentencia anterior.

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