Desde que se derogó la ley de alquileres con el arribo al gobierno nacional de Javier Milei, el mercado de propiedades se encuentra sumido en un desorden sin precedentes. La tensión entre locatarios y locadores se agudiza debido al aumento desmedido de los precios, que deja a muchas personas sin la posibilidad de alquilar.

El nuevo sistema establece contratos por dos años, con aumentos trimestrales que son indexados por el Índice de Precio al Consumidor (IPC). Esto representa un cambio considerable en comparación con el Índice de Contratos de Locación (ICL), que contemplaba contratos de tres años con aumentos anuales. Además, ahora las garantías se solicitan mediante recibos de sueldos. 

Los precios de los alquileres varían considerablemente dependiendo del tipo de propiedad. Mientras que un departamento de una habitación puede llegar a costar alrededor de 120.000 pesos, las casas pueden oscilar entre los 210.000 y los 300.000 pesos, de acuerdo a las averiguaciones que pudo realizar NoticiasNet entre operadores inmobiliarios.

Esta situación ha generado un caos en el mercado inmobiliario, especialmente debido a la inflación que atraviesa el país. La derogación de la ley de alquileres ha llevado a muchos propietarios a intentar recuperar las pérdidas sufridas durante los últimos tres años.

El cambio de gobierno también ha contribuido a esta situación de desorden en el mercado de alquileres. Durante el proceso de modificación de la ley, se produjo una brecha de dos o tres meses que afectó a aquellos que firmaron contratos en ese lapso de tiempo. Esto generó enojo y frustración entre los inquilinos, que se sintieron abandonados por los martilleros. Además, la inflación ha alcanzado niveles alarmantes y ha exacerbado aún más la problemática.

El supuesto acuerdo entre las partes no se encuentra realmente equilibrado. A menudo, es el propietario quien impone las condiciones del contrato, sin dar lugar a negociación. Esta realidad contradice el discurso de libre comercio y pone en evidencia la desigualdad de poder en la relación entre locador e inquilino. En el caso de Viedma, la demanda de alquileres responde más a una cuestión social que a una preferencia personal.

Los precios de los alquileres varían según el tipo de propiedad. Un departamento de un dormitorio puede rondar los 140.000 a 170.000 pesos, mientras que uno de dos dormitorios puede llegar a los 300.000 pesos. En cuanto a las garantías, todavía existe cierta desconfianza debido al panorama económico del país. Por este motivo, los precios se mantienen en niveles altos, a pesar de la necesidad de reactivar el mercado.

A pesar de trabajar bajo el marco del Código Civil y Comercial, existen muchas posibilidades de negociación entre propietarios e inquilinos. La intermediación de un profesional es fundamental para transmitir las necesidades de ambas partes y buscar soluciones equitativas. Algunas opciones incluyen contratos con aumentos cada cuatro o seis meses, para que los inquilinos puedan elegir el monto de inicio que les resulte más conveniente.

En lo que respecta al mercado de propiedades en venta, la situación no es distinta. Durante la pandemia, las ventas prácticamente se paralizaron y las consultas fueron escasas. Sin embargo, en los últimos meses ha habido un aumento en las consultas y se han realizado algunas operaciones. Esto brinda un atisbo de esperanza y señala una posible recuperación del mercado inmobiliario. Se destaca la importancia de trabajar con profesionales matriculados para garantizar una operación segura y confiable.

En conclusión, la derogación de la ley de alquileres generó un desorden en el mercado inmobiliario, con precios desmedidos y tensión entre locatarios y locadores. Los inquilinos se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por los propietarios y la necesidad de vivienda se convierte en una cuestión social.

Mientras tanto, las ventas de propiedades también se encuentran estancadas, aunque recientemente ha habido un ligero repunte en las consultas. En ambos casos, se indicó que es fundamental contar con la asesoría de profesionales matriculados para garantizar una operación justa y segura.