Violencia obstétrica: un médico y un sanatorio deberán pagar más de $28 millones

La Justicia de Santa Fe emitió una condena millonaria al Sanatorio Británico de Rosario y a un médico por un caso de violencia obstétrica y mala praxis. La jueza en lo civil y comercial Verónica Gotlieb ha resuelto que los demandados deberán pagar una suma de más de 28 millones de pesos. Sin embargo, la resolución ha sido apelada en primera instancia.

El caso, que se inició hace una década, involucra al obstetra José Luis Rivas, quien ya falleció durante el transcurso del proceso judicial, dejando la deuda en manos de sus herederos. Según los detalles revelados, los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2013, cuando Paula Carello fue intervenida durante el parto con medicación, a pesar de haber dejado en claro su deseo de tener un parto natural en caso de no presentarse complicaciones. Como consecuencia de esta intervención, su hija finalmente nació por cesárea.

La paciente había acudido al médico en el segundo trimestre de embarazo y había seguido todas las indicaciones y controles correspondientes. Sin embargo, según la demanda presentada por su abogado Esteban Jurún, no se respetaron las condiciones estipuladas previamente. Alegan que habían acordado esperar hasta la semana 41 para inducir el parto y que, en caso de ser necesario, se le informaría previamente a Carello y se le pediría su consentimiento. Sin embargo, en la semana 40 de gestación, el médico realizó una maniobra de inducción del parto sin consultar a la paciente.

La denuncia también menciona que se dejó a la recién nacida sola en una incubadora desenchufada mientras su madre era operada, a pesar de los pedidos de la mujer de estar junto a su hija. Ante estas acusaciones, el Sanatorio Británico defendió que el parto se llevó a cabo sin complicaciones y que ni la madre ni la bebé sufrieron daños. El apoderado del médico argumentó que fue la propia Carello quien solicitó la medicación, modificando los términos acordados previamente.

La jueza Gotlieb, en su sentencia, consideró que el médico no obtuvo el consentimiento informado de la paciente para realizar los procedimientos médicos durante el parto y que ejerció una discrecionalidad excesiva sobre las opciones terapéuticas disponibles. Además, señaló que el sanatorio deberá responder directamente por la mala praxis y la violencia obstétrica, debido a la deficiente organización de su servicio de obstetricia.

La decisión de la jueza se apoya en la ley 25.929, la cual garantiza el derecho de las mujeres a ser informadas sobre los diferentes procedimientos médicos que pueden tener lugar durante los procesos de parto. Por su parte, el fallo ha sido apelado en primera instancia, prolongando así el proceso judicial en este caso de violencia obstétrica y mala praxis.