La Defensoría del Pueblo de Río Negro recomendó al Ministerio de Seguridad y Justicia la necesidad de arbitrar los medios para que el Juzgado Administrativo de Faltas de Tránsito cumpla en tiempo y forma con las funciones encomendadas en cuanto a las faltas cometidas en rutas, caminos, autopistas o autovías bajo jurisdicción provincial.

Desde el año 2018 la Defensoría del Pueblo trabaja de manera persistente por la legalidad de los radares instalados dentro del territorio provincial. En esta oportunidad, se observa un aumento significativo de quejas por el mal desempeño del Juzgado Administrativo de Faltas de Tránsito provincial. 

Según el organismo de control, los problemas que manifiestan los reclamantes son:  la falta de notificación fehaciente a los ciudadanos sobre las infracciones cometidas, la falta de atención por parte del referido Juzgado a los medios de contacto habilitados, como el Whatsapp y el correo electrónico, la ausencia de información clara y precisa sobre el procedimiento de descargo y la imposibilidad de acceder al pago de multas en cuotas.

La Defensoría entiende fundamental recordar que el debido proceso y el derecho de defensa son pilares fundamentales en cualquier procedimiento administrativo; que la falta de respuestas oportunas y la ausencia de información clara sobre el procedimiento de descargo van en detrimento de estos principios, afectando los derechos de la ciudadanía. La recomendación busca garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos y la eficiencia del sistema de justicia administrativa de faltas de tránsito provincial.

El Juzgado Administrativo de Faltas de Tránsito Provincial es el organismo que tiene competencia en el juzgamiento y procedimiento de cobro de las infracciones constatadas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial y por personal de los Cuerpos de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro.