La Junta Electoral de la provincia de San Luis resolvió una medida insólita para aquellos ciudadanos que reciban el telegrama de convocatoria para ser autoridades de mesa, pero se excusen con un certificado de salud.
En esos casos, las personas tendrán, como corresponde, la autorización para evitar ese deber cívico, pero en su lugar, la Justicia citará como autoridades a los médicos que firmaron los certificados.
La medida que se adoptó en esa provincia es una pieza más de la batalla que está llevando adelante la justicia electoral en todo el país para subir el porcentaje de participación de los encargados de mesa en las próximas elecciones.
Después de un ausentismo que promedió el 65 por ciento en las elecciones de 2007, este año lanzarán un nuevo operativo que incluirá la difusión a través de un programa de televisión y páginas de internet.
Asimismo el nuevo programa contempla la capacitación para las nuevas autoridades de mesa, ayuda de las ONG ciudadanas, distribución de un manual de asistencia para todos los argentinos que reciban el telegrama de convocatoria, y 130 pesos en efectivo para los que sean designados por la autoridad electoral nacional.
El operativo de persuasión es un segundo paso.
El primero fue la aplicación del Código Nacional Electoral a muchas de las personas que no se presentaron el día de la elección.
La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría abrió 900 causas penales contra los ciudadanos que violaron el artículo 132 al no haberse presentado a cumplir con el deber cívico en el último acto eleccionario.
En el resto del país 150 personas terminaron condenadas y están haciendo una probation por haber pegado el faltazo el domingo de las elecciones.
Con todo esto y en base a una nueva política eleccionaria, intentarán cambiar la cultura del ausentismo que, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, llegó al 70 por ciento en las últimas elecciones.
Es por ese antecedente que la junta electoral bonaerense decidió prevenirse solicitándole a la Corte Suprema de Justicia que motorice la participación de funcionarios judiciales como autoridades de mesa para las próximas elecciones legislativas del 28 de junio de esta año.
El pedido aclara que solamente deberían ser funcionarios los designados como autoridades de mesas y no empleados porque estos últimos podrían no ser imparciales en caso de tener participación sindical.
Por su parte, la Cámara Nacional Electoral convocó a distintas organizaciones no gubernamentales como Cippec y el Centro de Estudios Nueva Mayoría para pedirles colaboración en la difusión que este año intentará ser más agresiva que en oportunidades anteriores.
Entre las actividades programadas se pueden citar: salidas al aire en Canal 7, varios portales web habilitados, y el envío del telegrama junto a un nuevo manual gráfico explicativo sobre la asistencia al acto comicial de la autoridad de mesa.
El estímulo pasará también por la plata ya que se incrementará la suma abonada a los que revistan cargos que fueron designados por la Junta Electoral Nacional como asimismo viáticos para los que asistan a los talleres de capacitación que se dictarán al respecto.
Lo concreto es que los que, habiendo sido designados autoridades de mesa, no concurrieren a ocupar sus puestos en las mesas electorales justificando su ausencia con un “certificado médico”, el profesional de la medicina que lo hubiere extendido deberá ocupar el puesto del ciudadano que hubiese presentado el “certificado que justificare la ausencia a la citación de la Junta Electoral Nacional.
Fuente: Crítica digital
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