Acusaron que la oposición “busca jueces afines para trabar la gestión de Gobierno”.
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“El FpV busca jueces afines para trabar la gestión de Gobierno”, así titularon una nota publicada en el portal oficial del Ejecutivo rionegrino.

 

La llamativa publicación se debe a la decisión del juez barilochense, Rubén Marigo, de imponer una sanción al presidente del IPROSS por un supuesto incumplimiento de obligaciones en la causa por el corte del servicio.

 

Desde el Gobierno fundamentaron que este fallo “vuelve a mostrar la injerencia de la política en un sector de la Justicia”.


Agregaron que “prueba de ello es que, ante similar situación, ante la solución del problema que generó amparos similares ante el corte sufrido en las prestaciones a los afiliados a la obra social, la Cámara Laboral de Viedma declaró abstracto el planteo de los amparistas. En cambio, el juez Marigo decidió mantener vigente y profundizar sin razón los alcances de la medida judicial, abonando al circo mediático impulsado por el legislador Alejandro Ramos Mejía, el amparista. Se demuestra así que mucho más allá de preocuparse por los afiliados, el único objetivo es perjudicar la gestión de Gobierno”.

 

En este sentido, remarcaron que “luego del corte de los prestadores en forma inflexible poco antes de las elecciones PASO, el 17 de agosto pasado se restableció el servicio médico temporalmente interrumpido en San Carlos de Bariloche, situación que fuera notificada en el expediente judicial a través de notas de conformidad por los distintos prestadores, como respuesta a las notas de propuesta de pago realizadas por el IPROSS. Desde esa fecha, todos los afiliados a la obra social cuentan con la cobertura de ley, hecho que es público y notorio, y no existiendo a la fecha inconveniente alguno en las prestaciones”.


“No se entiende entonces cuál es el motivo que impulsa al señor juez a mantener vivo el amparo, un dislate que ha sido mantenido en los medios de comunicación por el amparista en los últimos días, y del que parece haberse hecho eco el magistrado. Cabe preguntarse entonces si existe algún vínculo político entre el magistrado y el legislador, quien ha sido protagonista en los últimos tiempos de un sinfín de decisiones judiciales contra la Provincia de Río Negro. Sin dudas, éste juez barilochense es el elegido por la oposición política rionegrina para judicializar los distintos temas de la agenda política”, cuestionaron desde el portal Web.

 

Denuncia contra UnTER y Soria


Vale recordar que no es la primera vez que se utiliza el canal del Gobierno provincial para publicar una denuncia contra la oposición, ya que a mediados de agosto se denunció al gremio UnTER y al intendente roquense, Martín Soria.

Desde el sitio oficial, denunciaron “la utilización de los alumnos de escuelas rionegrinas con fines políticos por parte de un sector de la UnTER en General Roca en complicidad con el Gobierno local encabezado por Martín Soria quedó en evidencia en las últimas horas”.

En esa oportunidad, indicaron que “en el cuaderno de comunicaciones de más de 70 alumnos de la Escuela Secundaria Río Negro Nº 150 de General Roca, en los últimos días apareció una nota dictada por el preceptor Omar Lasarte (y escrita por los propios alumnos) en la que no solamente se incita a los estudiantes a participar de una sentada organizada por un reclamo a Educación por problemas edilicios, sino que prácticamente se los obliga a estar presentes y, caso contrario, justificar su ausencia con certificado médico”.

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