Filipuzzi falló a favor del amparo colectivo. Descreen del anuncio oficial de la marcha atrás con el recorte.
Tamaño letra:

La Justicia Federal con asiento en esta localidad falló a favor del amparo presentado por organizaciones que trabajan la problemática de la discapacidad, y ordenó la inmediata restitución de las pensiones que beneficiaban a decenas de personas.

 

El fallo de la jueza Mirta Filippuzzi determina el tiempo en que estas pensiones deben ser devueltas.

 

El fallo favorable se da en el marco del amparo colectivo que presentaron concejales y legisladores del Frente para la Victoria junto a la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica Inaun Salud. La medida tiene alcance a las localidades de Viedma, San Antonio, Conesa, Valcheta, Sierra Colorada, Sierra Grande y Ramos Mexía.


Cabe recordar que a las pocas horas de la presentación en el Juzgado Federal de Viedma, se conoció la decisión de la titular del ministerio de Desarrollo Social de la Nación Carolina Stanley, de dar marcha atrás con la revisión de cada una de las pensiones para restituir el beneficio.


Sin embargo, ningún agente de la oposición se mostró confiado con esta determinación y celebraron ayer el fallo.

 

Rousiot

“La pretendida marcha atrás es solo una declaración preelectoral de la ministra Stanley que no ha tenido correlato con devoluciones de los derechos quitados a las personas con discapacidad. No hay que dejarse engañar, no se puede bajar la guardia”, dijo ayer la concejal del Frente para la Victoria Evelyn Rousiot, quien forma parte de la presentación del amparo. Agregó la edil: “Esto se trata claramente de un achique del Estado que viene con un ajuste”.


“Si hubieran querido ajustarse al decreto lo hubieran hecho apenas ingresaron, lo hacen un año y medio después porque están ajustando el presupuesto en busca de dinero, y no tienen mejor idea que hacerlo con la plata de las personas con discapacidad”, arremetió Rousiot.


“Hay que salir de la caja boba y conocer las historias de las y los viedmenses, a quienes les quitaron las pensiones, son vecinos y vecinas, son reales y estaban en una situación desesperada”, reclamó.

 

¿Qué dijo la jueza?

“Teniendo primordialmente en cuenta que debido a su clara situación de vulnerabilidad, la clase que a través de la presente se pretende proteger, se encuentra frente a circunstancias adversas en el plano del acceso a la Justicia, sumado al carácter alimentario de los derechos afectados por la medida cuestionada, los cuales -insisto- tienden a la cobertura de necesidades básicas del ser humano, es que considero procedente la acción colectiva”, expresó la jueza .


Sobre la “marcha atrás del Gobierno”, la funcionaria hace también una interpretación: “Esta decisión la tomo aún estando en conocimiento de las versiones referidas a una pronta rehabilitación, por parte de la Administración, de los beneficios suspendidos, en tanto las mismas, hasta el momento no encuentran respaldo en acto administrativo alguno a mas de que en el presente proceso no se cuenta con elementos que permitan aventar su concreta materialización”.


Dice también Filipuzzi: “La afectación de los beneficios de pensión, no encuentra sustento normativo alguno, sino que responde a una “vía de hecho”, en franca contradicción con lo normado por los arts. 22 y 23 del Dec.432/97 que disponen, el primero de ellos que: “La suspensión y la caducidad de las prestaciones serán dispuestas Desarrollo Social de Nación (...) y darán lugar en su caso, al reclamo de los haberes percibidos indebidamente”, mientras que el art. 23 dispone que “Podrá reconsiderarse la pensión denegada, siempre que se recurra dentro del plazo de sesenta (60) días de notificada la resolución, cuando el recurrente probare fehacientemente su derecho al beneficio”.
 

Comentarios

Video del día